La primera mujer en encabezar el árbitro electoral fue la primera persona en renunciar por corrupción. Una pena por donde se le vea, aunque a nadie sorprende que la presidenta del INE pudiese otorgar grandes contratos y tuviese conexiones con empresarios que podrían jurarle amor eterno mientras se beneficiaban. A la presidenta del árbitro electoral se le dio demasiado poder sin contrapesos y el INE es un monstruo de difícil control.
En los últimos días, el gobierno y sus voceros han tratado de desviar la atención argumentando que ellos no pusieron a Guadalupe Tadei y que las anteriores administraciones del INE fueron tan corruptas como la de la expresidenta del árbitro electoral. Es claro que la discusión es una cortina de humo: el gobierno impulsó a Tadei, la empoderó en el INE y ahora la desconoce. En medio, los ciudadanos presenciamos a oficialistas y opositores lanzarse acusaciones de corrupción, pero sin que nadie asuma un papel constructivo.
Bien nos valdría mirar la propuesta sui generis de Rahm Emanuel, exalcalde de Chicago y exjefe de gabinete de Obama, quien después del triunfo demócrata de hace un par de semanas en los Estados Unidos, sugirió que la primera ley que debía proponer el partido demócrata es una ley sobre ética y de regulación del lobbying. Una ley que impidiera que Trump o cualquier funcionario se beneficiara de contratos o información que tuviese como desempeño de su trabajo. Según Emanuel, las investigaciones sobre casos de corrupciones no son suficientes. El cambio debe ser más profundo: que un funcionario no pueda hacer negocios mientras desempeña su función. Si quiere seguir siendo empresario, invirtiendo en bolsa, apostando en diversas áreas, si quiere comer y departir con empresarios, recibir regalos, asistir a comidas con lobistas o partes interesadas en hacer negocios con sus instituciones, o si quiere recibir dinero de gobiernos extranjeros en sus negocios, que no sea funcionario. La realidad norteamericana es distinta a la mexicana, pero la propuesta del exalcalde de Chicago se origina por algo que sí une a los gobiernos de ambos lados del Río Bravo: la corrupción se ha normalizado. Parece normal que la presidenta del INE se reúna con empresarios, y una parte de la población ve como algo cotidiano que los funcionarios se llenen los bolsillos durante su paso por la administración pública, cuando no debiera ser así. La propuesta de Emanuel es simple: el mensaje debe ser no solo punitivo, sino de un cambio social, porque una buena parte de la población ha interiorizado la corrupción como algo que “pasa”, como si fuese endémica y como si nada se pudiese hacer al respecto.
Lo de Tadei no es una raya más al tigre, como no lo fue la Estafa Maestra, Segalmex o la corrupción burda en la construcción de Dos Bocas y el Tren Maya. El gobierno pierde la oportunidad de enviar una señal de cambio. Se conforma con la vieja frase: “pero el PRI robó más”, como si eso transformara el mar de corrupción que inunda todas las administraciones en todos los niveles de gobierno del país.
Por supuesto que el caso Tadei es cuestión de una incompetente que un día quiso ser Blanca Nieves y se sintió poderosa. Tadei se corrompía como tahúr de cantina barata. Sin embargo, no solo es cuestión de una persona: el sistema está construido para que haya una Tadei en cada gobierno de cada ayuntamiento, de cada administración estatal y del gobierno federal. La oposición, y sobre todo el gobierno, aprovechan el momento para lanzarse acusaciones de corruptelas. Nadie apuesta por mejorar el modelo. Todos se escabullen bajo la idea vaga de las investigaciones o acusando la corrupción sin aceptar una pizca de responsabilidad en el sistema que hoy entrega una nueva cabeza, pero en la que los empresarios dispuestos a corromper están en esperar de un nombramiento y una nueva oportunidad: una nueva Tadei dispuesta a corromperse, con la parroquiana ilusión de que ella o sus familiares tengan París “a sus pies”.