El campo de batalla tiene al INE como el pretexto, causa o justificación (dependiendo del punto de vista) para un nuevo episodio entre el gobierno de López Obrador y la oposición, en este caso con los consejeros del INE sumados a quienes reclaman una acción autoritaria del gobierno.
Son dos bandos clarísimos y las consecuencias de la victoria de uno u otro no serán fácil de digerir para ninguna de las partes. El problema es el dinero y sus consecuencias ante su presencia o su ausencia. El problema es que el “plan B” de AMLO, aprobado en Cámara de Diputados, deja sin presupuesto y mutila al INE. Por eso, quienes tildan de autoritaria la maniobra del presidente y su gobierno, piensan que está en riesgo el servicio profesional de carrera del INE, la fiscalización del financiamiento en campañas y la legalidad de las elecciones de 2024. No es cosa menor: el árbitro está sosteniendo que será incapaz de llevar a buen puerto su obligación de tener un padrón electoral confiable, que tampoco podrá verificar y fiscalizar el origen y uso del dinero en las elecciones, y que no sabe si eso repercutirá en la legalidad de las elecciones de 2024. No son unos cuantos consejeros: son todos los consejeros del INE quienes reclaman que la reforma legal impulsada por el gobierno mutila al instituto y hace inviable su funcionamiento.
Pero no se han contentado con exponer el problema: manifiestan que este es un paso inequívoco hacia una dictadura porque el partido en el poder hará inútil al árbitro electoral y eso permitirá su perpetuación en el poder.
Por su parte, el gobierno refiere los mismos argumentos de siempre: que el INE es caro, que tiene gastos que pueden recortarse, y que la reforma electoral denominada “plan B” no impide que realice su trabajo.
Pueden encontrarse razones de peso para el gobierno, pero solo en parte. El trabajo de fiscalización del INE es de dudosa calidad. Por decir lo menos: si no dicen que lo hacen, nadie lo notaría. Transgredir la norma electoral es una práctica común en el país y la fiscalización que ahora mismo realiza el INE no lo impide. Para muestra, un botón: los partidos políticos (todos) animan a sus militantes a difundir sus mensajes, promocionarse y hacer trabajo político, y nadie piensa seriamente que eso se da sin financiamiento ilícito: ya del erario, ya de particulares que buscan benéficos, ya del crimen organizado. Los espectaculares, anuncios y videos de políticos de todos los partidos son pan de cada día y la fiscalización brilla por su ausencia. En los últimos veintidós años (como mínimo) las autoridades electorales han anulado poquísimas elecciones por rebase de tope de gastos de campañas o falta de acreditación del origen de los recursos usados. De hecho, la autoridad ha sido cada vez más impotente para llevar a cabo una fiscalización decente, por lo que sostener que esta fiscalización es la que sostiene nuestra democracia es un disparate. El “plan B” es el último clavo en un ataúd configura por todos los partidos políticos en materia de fiscalización.
Cuestión distinta tiene que ver con el sostenimiento del servicio profesional del INE y de las funciones que realiza el instituto para efectos de contar con un padrón electoral confiable. El INE ha sido una pieza clave en tener un listado nominal que permita dar certeza sobre quién puede o no votar. En este punto no hay medias tintas: si el gobierno toca ese punto en su “plan B”, se estaría poniendo en riesgo una cuestión elemental para que pueda haber elecciones democráticas (más allá de que estas terminen siéndolo o no). Además, se pone en riesgo un instrumento esencial para la vida cotidiana de los mexicanos.
De fondo el problema es increíble: los mexicanos no contamos con una identificación oficial emitida por el gobierno; una identificación que no sirva para votar, sino para identificarse y que contenga información de quién la porta (ahora se puede añadir información digitalizada de los ciudadanos). Mientras eso no exista, trastocar esa función en el INE es motivo suficiente para tomarse las cosas con mucha precaución. No solo por los afanes totalitarios o las consecuencias políticas que ello implicaría, sino porque en este país no se vive sin el “ine” (el documento), emitido por el INE (el instituto). Ya solo por eso, mutilar esa función del instituto no es una buena idea mientras no existan alternativas.
Sí, podríamos estar en las puertas de un infierno: hasta para abrir una cuenta de banco o cobrar una pensión. Un desastre total. Solo por eso, el plan B parece una idea malísima. Y puede ser muy costosa.
Memorial 