Los objetivos pueden ser loables, pero la formas importan tanto como el fondo de las acciones. En democracia no hay excepción: el juicio contra el más desalmado criminal puede convertirse en un fiasco si las autoridades que lo enjuician no respetan las normas procesales.
Con la detención de Murillo Karam por el caso Ayotzinapa, y la salida de prisión de Rosario Robles, el gobierno de López Obrador está jugando sus cartas más arriesgadas: apostar por conseguir sus objetivos aunque los procedimientos no sean los correctos; aparentar cumplir con sus promesas, cuando las consecuencias son dudosas y los métodos son cuestionables.
¿Qué buscaba el gobierno de AMLO en el caso Ayotzinapa? Ofrecer cabezas, responsables, personas que a quien señalar. Eso no devolverá la vida a 43 jóvenes asesinados, pero que podría simbolizar cierta justicia de cara a las exigencias de los familiares de los estudiantes muertos. La realidad es que esa justicia solo se alcanzaría si se conoce a los autores materiales y se realiza un megaproceso en el que el sistema en su conjunto sea sujeto a revisión. Solo así podría deslindarse la responsabilidad de quienes ordenaron, ejecutaron o desaparecieron a los estudiantes, y de quienes, como se acusa a Murillo Karam, hicieron lo posible por encubrir a algunos responsables. Los delincuentes siguen impunes y el arresto del exprocurador puede estar justificado, pero sigue siendo una solución pírrica porque una de las instituciones principalísimas en la trama Ayotzinapa no está en el banquillo de los acusados: el ejército. Todo lo contrario: el presidente ha salido presuroso a deslindarlo, cuando el informe es claro: los militares supieron lo que sucedía e intervinieron en el asesinato de los estudiantes. Mientras no haya ese juicio contra el ejércigto, Ayotzinapa seguirá siendo un 1968: todos saben que fue el Estado, incluso el Estado mismo, pero todo queda en la asunción de responsabilidades sin la reconstrucción del sistema. Declaraciones, mea culpas, pero nada más.
¿Es posible un megaproceso donde una parte del ejército esté en el banquillo de los acusados? Por supuesto. Eso implicaría abrir las entrañas, las cloacas y la miseria del gobierno. En eso, el gobierno de López Obrador es conservador: prefiere la lejanía de los reflectores que la auscultación minuciosa de la actuación de los gobiernos anteriores, porque piensa que después se puede hacer lo mismo con su gobierno. AMLO teme ser juzgado y por eso no juzga. No entiende la legitimidad que le dieron las urnas: esconde la basura del sistema debajo de una alfombra de impunidad. Prefiere el arrebato de enjuiciar a un exprocurador que procesar a los autores materiales y a quienes omitieron intervenir para evitar el asesinato de los jóvenes. Murillo Karam será enjuiciado por encubrir o desvirtuar una historia, no por ejecutarla.
En el mismo tenor, la salida de prisión de Rosario Robles también habla mucho de las formas que eligió la fiscalía (que en los hechos sigue siendo parte del gobierno) para juzgar a una funcionaria de primer nivel del gobierno anterior. La sensación es que la exsecretaria no solo enfrentará en libertad el proceso en su contra por el desvío de 400 millones de dólares, sino que la fiscalía no tiene los elementos necesarios para obtener una condena en su contra. Después de tres años, Robles se muestra como víctima de un sistema que no puede mostrar su culpabilidad, pese a haber sido la titular de una dependencia donde se desviaron 400 millones de dólares. En cualquier país democrático ya estaría tras las rejas y juzgada, mientras que en este país hoy parece una inocente exfuncionaria que es liberada porque no se cuidan las formas. Eso sucede cuando se piensa que todo vale, que las formas no importan: los justicieros terminan conviertiéndose en victimarios.
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