Existe un problema de fondo entre algunos consejeros del INE y el presidente de la república: su visión de la democracia y el liberalismo. Además de esa cuestión sustantiva, se han entrampado en un problema presupuestal:la Cámara de Diputados le asignó al INE un presupuesto que el instituto considera insuficiente para organizar la revocación de mandato (de AMLO).
Por ese diferendo, el INE presentó una controversia constitucional y la Corte la admitió a trámite sin suspender el proceso de la revocación (en un acuerdo dictado por el Ministro Alcántara Carrancá). El máximo tribunal del país decidirá si la Cámara de Diputados debe dar mayor presupuesto al INE o este debe realizar la consulta con el dinero que ya le asignó la Cámara.
Como bien lo ha advertido Jesús Silva-Herzog Márquez en su artículo de este lunes en el diario Reforma, es un asunto vital: los derechos cuestan y acudir a las urnas para un ejercicio de revocación no puede hacerse sin que haya presupuesto que respalde esta decisión de realizar la revocación con estándares de calidad.
Sin embargo, existe una arista importante que no encuentro en el texto de Silva-Herzog Márquez y que tampoco se está discutiendo: ¿cuáles son los límites -presupuestales- de los órganos constitucionales autónomos que existen en el sistema político constitucional mexicano?
Es perfectamente justificable que el INE solicite dinero para elecciones o para ejercicios como la revocación de mandato, pero esa solicitud debe tener límites. Por ejemplo, pienso en los millones de pesos que gasta el Instituto en boletas electorales cada vez que acudimos a votar. Se compra un determinado papel, se imprimen, se agregan “sellos” de seguridad y obtenemos las boletas con las que ejercemos nuestros derechos. ¿Qué pasa si el INE decide que en una determinada elección esas boletas deben ser doblemente seguras y para eso necesita el doble de presupuesto para esa cuestión específica? ¿Debe dársele el doble de presupuesto o con el costo que hasta ahora han tenido las boletas es suficiente para que tengamos elecciones democráticas?
La decisión de la Corte es doblemente riesgosa. Existe el riesgo de que una mayoría en la Cámara de Diputados obligue al INE -o a cualquier organismo autónomo- a realizar ciertas actividades sin asignarle presupuestoespecífico, pero también es cierto que corremos otro riesgo:que los organismos autónomos demanden dinero para sus actividades y sea forzoso otorgarles el presupuesto que demandan, so pena de aplazar sus actividades o no desempeñar sus funciones (como ahora lo acaba de decidir el INE).
Al final, en este galimatías la Corte debe dejar a salvo el derecho de los organismos autónomos a exigir un determinado presupuesto y el derecho de la Cámara de Diputados a determinar qué presupuesto se le asigna a estosorganismos u otros poderes (ejecutivo y legislativo, en su caso). Una labor nada sencilla.
Memorial 