Fue un crimen donde estuvo involucrado el ejército. Por supuesto, estaba fuera de duda la participación del crimen organizado y de las policías de los tres órdenes de gobierno. Fue el Estado. No hay más.
Los detalles son escalofriantes, pero por todos imaginados: algunos estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron llevados al campo militar y algunos militares estuvieron inmiscuidos y ordenaron su ejecución y la desaparición de los cuerpos.
Solo los necios se rehusaban a reconocer que si el ejército sabía a cada momento lo que sucedía con los estudiantes y no quiso intervenir, la razón no era otra sino su colusión con el crimen organizado. No solo sabían, sino que estaban de acuerdo con los pasos que daban los criminales y que acabó con la vida de 43 estudiantes, uno de ellos, todo inidica, un militar infiltrado.
Algunos despistados defendían hace poco la verdad histórica de Murillo Karam, pero solo con una filtración aceptaron lo que ya Encinas había adelantado: altos mandos del ejército no solo sabían, sino que ordenaron la ejecución de estudiantes y la desaparición de los restos de los mismos. No sucedió en un solo instante: semanas después de aquel 24 de septiembre de 2014, los militares seguían coordinándose con criminales y policías guerrerenses para que los cuerpos no fueran encontrados.
Sin cuerpo del delito no hay delito. No se trataba solo de ocultar los cuerpos, sino de hacer de la investigación un infierno. Pero eso no es todo: si el rompecabezas ya era difícil de armar, la Procuraduría que investigó (la “verdad histórica” de Murillo Karam) sabía lo que pasó y encubrió la responsabilidad de los militares. El país retratado en un asesinato y una “investigación”.
¿Por qué trataban de encubrir a los militares involucrados? Porque los militares son poderosos en este país. Mandan más de lo que muchos creen y el gobierno actual no ha hecho otra cosa sino darles más poder. No importa cuándo se lea esto: los militares se saben impunes en este país y actúan en consecuencia: ordenan la ejecución de estudiantes como antes los reprimieron (1968) y los desaparecieron (1971).
En esta coyuntura, el gobierno responde con una acción nada casual: retira la orden de aprehensión en contra de 18 militares. Todo ello en la semana en que se da a conocer un hackeo a la SEDENA que revela ciertas cuestiones personalísimas de la salud del presidente y su actuación en temas clave del gobierno. Demasiada casualidad que revela una única verdad: existe una guerra no solo entre miembros del gabinete de AMLO, sino entre quienes quieren procesar a los militares y quienes quieren seguir el juego de la impunidad. En todo esto, los militares ya van ganando: juegan en política abiertamente, tienen defensores a ultranza y debilitan al presidente (cualquiera que se su nombre) y a su gobierno. Algunos pueden celebrarlo, pero resulta ser una acción peligrosísima: no importa quien gobierne a partir de 2024: el escenario que enfrentará será un ejército empoderado que no admite órdenes; que se sabe impune y quiere continuar así: impune; impune siempre.
Memorial 