De forma cotidiana, el presidente ofrece una conferencia de prensa y adelanta datos que solo correspondería divulgar a la fiscalía. AMLO precisa detalles sobre investigaciones, promete pesquisas contra quienes considera contrarios a los intereses de su gobierno, inculpa a quienes considera enemigos y exculpa a quienes favorecen sus intereses. Todo eso se entiende como un mensaje siciliano y como expresión de algo más: el Ejecutivo sigue siendo el mandamás en la fiscalía. La comunicación con Gertz no es solo institucional: es de adelantos sobre lo que dijo Lozoya, lo que investiga el fiscal, lo que sostuvo Zerón, lo que señala un informe y un etcétera inusual en una democracia donde el fiscal no tendría que compartir información con el gobierno por vías no institucionales.
Sin embargo, este fin de semana muchos de los seguidores del presidente criticaron a rabiar un artículo de opinión -publicado por Peniley Ramírez en el diario Reforma-, que cita partes de un informe sobre el caso Ayotzinapa. Me recordó al video de Aguas Blancas que el periodista Ricardo Rocha publicó en 1996, en el que se veía a autoridades de Guerrero ejecutando a campesinos en el vado de Aguas Blancas. Rocha tampoco fue bien tratado en su momento, pero la publicación echó por la borda la versión oficial de que había sido un enfrentamiento lo que había causado la muerte de los campesinos. En el caso actual, las revelaciones de Peniley no serán tan trascendentes como las de Rocha, pero exponen la innegable participación del ejército, la saña contra los normalistas, la partición de distintas autoridades coludidas con el crimen organizado. Todo, salvo que me equivoque, ya se sabía, aunque la filtración muestra una fiscalía más preocupada por encubrir al ejército que por resolver el ya de por sí espinoso asunto.
A la periodista le critican desde dar a conocer una filtración, hasta los detalles que revela, aunque quien haya leído bien el informe de Encinas sobre Ayotzinapa algo sabía: la milicia estaba inmiscuida en la desaparición de estudiantes; a alguno lo descuartizaron, a alguno lo desollaron, no a todos los mataron en el mismo lugar y tampoco al mismo tiempo.
Asimismo, el diario El País reveló que la fiscalía de Gertz pidió la cancelación de 21 órdenes de aprehensión que antes había solicitado a un juez en el caso Ayotzinapa. Si bien el caso es un rompecabezas de difícil armado, está claro que una buena parte de la burocracia quiere evitar señalar a los militares como copartícipes en la desaparición de estudiantes. Ese es el meollo: temen que la milicia se enoje porque uno de los suyos está bajo proceso por haber ordenado la matanza de estudiantes. ¿Qué molesta más? ¿Que esto pueda entorpecer las investigaciones? No lo creo; parece una embestida contra la periodista que difundió parte de los detalles del asesinato de los estudiantes y quiénes lo habían ordenado. Lejos están esos mismos seguidores de una crítica contra la fiscalía que hace dos semanas había solicitado 21 órdenes de aprehensión y hoy pide que se cancelen. ¿Qué pasó en los últimos quince días que hizo cambiar de opinión a Gertz y sus huestes sobre ciertas órdenes de aprehensión? Todo parece un show mediático que echa por la borda la idea de que la investigación es seria y que tendrá como consecuencia el encarcelamientos de los autores intelectuales y mteriales. No puede ser seria si después de investigar cuatro años se piden veinitiún órdenes de aprehensión y quince días después la misma fiscalía ya no quiere que se aprehendan a quienes había señalado como responsables.
Como ha sucedido durante todo el sexenio, esta parece ser la marca de la casa en la fiscalía de la 4T y la fiscalía de Gertz: mucho ruido y pocos responsables. No quiere hacer enojar al ejército, así como también negocia con el padre de Lozoya o utiliza a ministros de la corte para asuntos personales. Lo publicado por Peniley y por el diario El País muestra el abismo entre las promesas y anhelos del gobierno de López Obrador, y lo que Gertz ofrece, arropado por -he ahí la contradicción- el propio presidente. El problema no es Ayotzinapa ni la revelación de Ramírez o de El País, es la defectuosa integración de las carpetas y el cobijo de AMLO a Gertz. Como en 1996 con Rocha, el problema no es el periodista, sino un crimen donde la milicia está inmiscuida, las autoridades están coludidas y una parte del gobierno quiere ocultarlo.
La fiscalía de Gertz arrastra al gobierno de López Obrador. A estas alturas está claro: es con la venia del presidente.
Memorial 