No hay mujer que camine segura en este país. No hay mujer que encuentre justicia. No hay institución que garantice que las ciudadanas tendrán una vida digna. Hay excusas, denuncias, agendas interesadas, comunicadores con facha de periodistas o títeres a sueldo que comunican lo que quiere el inquilino de Palacio, que viven en un mundo de discursos, donde no existen seres humanos, sino votantes. Lo de siempre, aunque en un escenario más aterrador.

La democracia no es el mejor de los sistemas, pero es el sistema que hemos elegido para organizarnos. En ese sistema las cosas pueden funcionar de mejor o peor manera, pero algunos confunden dinero con éxito, sentencias con justicia, ideología con verdad y, ya entrados en temas digitales, seguidores y likes con razones. Y en nuestras confusiones pensamos que podemos construir sobre los mismos cimientos con resultados estructuralmente distintos. Y no es así. Esas confusiones cuestan derechos y vidas y quienes las asumen terminan siendo tiranos, y quienes confunden tolerancia con incapacidad de lucha asumen, a su vez, que todo es válido en democracia.

Todo ello viene a colación porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación está confundida. Un ejemplo sirve para contextualizar: una de las sentencias más importantes que dictó el Tribunal Constitucional Alemán declaró inconstitucional el Partido Socialista del Reich en 1952. Las razones eran más que evidentes, pero una de ellas se levantaba como un muro de castillo medieval: sus postulados no cabían en un régimen democrático porque pretendía la eliminación de los demás institutos políticos y porque eran contrarios a los derechos fundamentales. Esa fue la fórmula que encontró el Tribunal Constitucional Alemán para dejar atrás un sistema que había causado un desastre en su país y había provocado la guerra más cruenta de la que se tenga memoria. Alemania no podía seguir adelante si quienes habían provocado tantas injusticias deambulaban legalmente.

Recordé esta sentencia el jueves pasado cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió alargar la discusión relativa a la prisión preventiva oficiosa (PPO), a efecto de que los ministros ponentes elaboren proyectos que no expulsen esa figura de la constitución, sino que traten de argumentar que la PPO se puede mantener en la constitución, interpretarse de forma distinta y con eso lograr que se inaplique.

La Corte y los ministros están confundidos porque no entienden su papel: mañana puede incluirse en la constitución la pena de muerte y ellos dirían que su tradición constitucional no les permite expulsar del ordenamiento constitucional una disposición así. Una visión mezquina, pues la prisión preventiva oficiosa es igual de dañina que una pena capital. O tal vez lo sea más, porque son cientos de miles de individuos que están encarcelados ahora mismo sin que el sistema haya probado su culpabilidad. No son unas horas, no son días, no son semanas, sino años, una vida entera, que cientos de individuos pasan en prisión bajo una figura claramente punitiva, pero que algunos juristas piensan que si lo dice la constitución hay que respetarla y mantenerla.

Escudarse en la veneración de la constitución es dejar abierta la puerta para que algún juez puede aplicar lo que no tendría que caber en un régimen democrático. La corte mexicana ha dejado pasar una oportunidad para mandar un mensaje que pudiera cambiar el rumbo de injusticias en este país: si queremos construir un camino nuevo donde transiten los mexicanos con dignidad, paz y democracia, no puede hacerse sin expulsar las figuras y las instituciones antidemocráticas que se construyeron hasta ahora (por más que se incluyan en la constitución). Reinterpretar el derecho, dejar intactas esas figuras inaplicables, pero sin expulsarlas, es un paso con retorno: alguien tendrá la tentación de utilizarlas. Entonces echaremos de menos no haberlas destruido.

Hoy nos sobra voluntad y tendríamos que dejar de hacer lo que no ha funcionado; dejar de construir sobre los mismos cimientos. Para muestra, el mayor botón: la militarización de la función policial. Ni más ni menos.

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