Ocho meses después, la Universidad de las Américas Puebla regresa a las actividades en su campus. Regresa con un litigio sin resolver y con más dudas que certezas.

Aunque los dos bandos proclamen la derrota de sus opositores, el litigio de fondo sigue pendiente de resolución: no se sabe si el nuevo patronato nombrado por el gobierno del estado terminará imponiéndose a los Jenkins y, sobre todo, no se sabe si se logrará devolver a las arcas de la las fundaciones en disputa los famosos 730 millones de dólares que los Jenkins sacaron -incluso del país- por miedo a que fueran a caer en manos de Moreno Valle (aunque muchos afirman que en realidad fue en contubernio con Moreno Valle).

La resaca será complicada para la comunidad de la udlap: le ha dado su voto de confianza a los Jenkins, pero la respuesta desde ahí ha sido la opacidad y la negociación sigilosa con la contraparte a quien en público llama «patronato espurio», pero a quien en privado ha tenido que reconocer. Respuesta opaca, porque nunca se ha comprometido a transparentar los verdaderos intereses por los cuales vaciaron a la fundación y movieron millones  de dólares a paraísos fiscales; opaca, porque tampoco se ha comprometido a devolver esos recursos que indebidamente fueron a parar a un lugar distinto a las arcas de la fundación; opaca, porque no ha explicado y transparentado los contratos con los que altos mandos de la universidad se beneficiaban indebidamente.

Por otra parte, el nuevo patronato nombrado por el gobierno de Barbosa parece más débil que nunca: nombró a un impresentable “jaguar” como su rector, quien les dejó aventado el cargo después de meses de inacción. Débil, porque ha sido incapaz de tomar el control de la universidad; débil, porque entrega el campus a la rectora del patronato que “desfalcó» a la universidad y reza porque un juzgado de la Ciudad de México resuelva pronto un litigio donde su suerte no es nada clara. Son dos las condiciones para que su nombramiento pueda subsistir: que los Jenkins hayan sido removidos legalmente como patronos de la universidad y que ellos (los del nuevo patronato) hayan sido elegidos de manera también legal.

En medio de todo esto, alumnos, profesores y administrativos regresan a un campus que nunca debió cerrar: la negociación de las élites que ha permitido volver a clases presenciales este último día de febrero, es muestra que pudieron haberse puesto de acuerdo hace 8 meses. Pero cuando la universidad es lo que menos importa, ocho meses son nada.

Vociferar que unos y otros son ganadores es minimizar lo obvio: perdió la universidad y los universitarios. Cerrar una universidad durante ocho meses es una irresponsabilidad de las élites que hoy, por fin, negociaron. Se tardaron un poco. El golpe tendrá consecuencias que aún desconocemos.

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