González Zarur ha vuelto a perder en su pleito contra los notarios nombrados durante el gobierno de Héctor Ortiz. 

La semana anterior, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito resolvió que el gobierno del Estado debe devolver las notarías a los fedatarios nombrados por el orticismo.

Esto complementa lo que en su momento resolvió la Suprema Corte de Justicia: no se puede combatir una ilegalidad con otra ilegalidad.

Los notarios designados en el año 2010 volverán a ejercer su función como lo venían haciendo al inicio de la administración de Mariano González Zarur (MGZ), ya que el juicio de amparo que les privó de su patente fue desahogado de manera ilegal. 
Un resultado casi milagroso para los notarios, pero que encuentra sustento los yerros marianistas y en el genio del abogado José Francisco Arroyo Hernández –a quien más de uno regatea el mérito-.

La resolución del Tribunal no deja lugar a dudas: ordena reponer TODO el procedimiento porque algunos notarios no fueron emplazados de manera correcta. Es decir, TODO queda como al inicio del sexenio: con los notarios pudiendo ejercer su función y con la administración de Mariano dando tumbos en un asunto al que ha aportado marrullerías, que no transparencia.
Si la apuesta de Mariano fue borrar los vestigios orticistas, éstos han vuelto al abrirse la caja de pandora. Y tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien abriera la caja que contenía los males marianistas, y ordenara a un Tribunal Colegiado revisar el juicio de amparo por el cual se le habían quitado las patentes a 16 notarios.
Soy de los que piensa que Ortiz Ortiz incumplió principios constitucionales al impulsar y nombrar notarios en forma poco transparente y llena de nepotismo. Por ello, al asumir su gobierno González Zarur debía impugnar los nombramientos notariales. Sus posibilidades de triunfo eran escasas, pero debía intentarlo.
Sin embargo, aunque la meta del gobernador era plausible, el método utilizado fue ilegal. El resumen de la sentencia dictada la semana pasada por el Tribunal Colegiado podría ser el siguiente: el proceso para quitarle la patente a los notarios orticistas debe cumplir con las formalidades del procedimiento, lo que a la fecha no ha ocurrido.
Lo curioso del caso es que el abogado que logró el triunfo para los notarios orticistas prácticamente revivió un muerto. Y Más paradójico resulta que, en algún momento, el mismo jurista fue parte del grupo de abogados que asesoraban al gobierno del Estado en temas laborales.
Así, el gobierno estatal se muestra incompetente y soberbio. Incompetente, porque decidió utilizar la ilegalidad para una cuestión que muchos consideramos ilegal. Soberbio, por no saber apreciar a aquellos que le conviene más tener de aliados, que no de adversarios.
Para suerte de Mariano y desgracia de Marco Mena, el encargado de cumplir la resolución del Tribunal Colegiado será el gobernador entrante. No obstante, se podría esperar que el nuevo gobernador no se enfangue en un pleito que no es suyo, sino de dos grupos que lo único que han logrado es hundir a Tlaxcala en la mediocridad y el desamparo; que han errado en un péndulo que va de la ilegalidad a la ilegalidad. Que combaten el lodo con suciedad.
No obstante, es casi seguro que el gobierno de MGZ busque dilatar la reincorporación de los “Notarios de 2010” a la vida pública. Habrá nuevos procedimientos, habrá indagaciones penales, órdenes de aprehensión, de presentación e incluso coacciones, pero es claro que el momento jurídico y político ya no favorece a González Zarur. Cuando tuvo toda la legitimidad para quitar las patentes a los notarios de manera legal y constitucional no supo cómo llevarlo a cabo. 
Mariano quiso borrar todo rastro de su antecesor a cualquier precio, pero olvidó que en democracia no cualquier precio es válido, menos aún si adquiere tintes de autoritarismo y represión. 

 

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