La discusión sobre la tragedia en Ayotzinapa está trivializada. Al menos parcialmente trivializada. La mayoría de periodistas y analistas centran su atención en un circo de dos pistas: la renuncia de Ángel Aguirre como gobernador de Guerrero (algunos incluso piden la de Peña Nieto) y la incapacidad del Estado en la búsqueda nada eficaz de los 43 normalistas desaparecidos.
Las renuncias son necesarias en algunos casos. El Gobernador Aguirre no puede seguir en el cargo por su responsabilidad en la tragedia. Permitió la masacre por acción u omisión -eso lo deberían determinar los tribunales-. Su caída es deseable. Su estancia en el poder debilita al Estado en su conjunto.
En el caso de Peña Nieto la cuestión es más complicada. El gobierno federal ha sido incapaz de dar una respuesta clara a la masacre, pero no puede esperarse una renuncia presidencial ante cada demostración de incapacidad. Tendría que dejar el cargo si por acción u omisión permitió la masacre. Pero hasta ahora no hay indicios claros de ello.
Cosa distinta es el caso de Osorio Chong, y el Director del CISEN. Ellos tendrían que haber conocido los vínculos delictivos del Presidente Municipal de Iguala. No pueden desaparecer 43 personas y que los sistemas de inteligencia del país no lo prevengan o no lo resuelvan. Es un escándalo de incompetencia y su renuncia está más que justificada.
Por otra parte, Murillo Karam carga con la parte más complicada: realizar una investigación que lleva tiempo y un reconocimiento de cuerpos que es también un proceso temporalmente largo. Su salida depende del resultado de la investigación (hasta ahora desastrosa) y de su probable conocimiento previo de las actividades ilícitas del Presidente Municipal de Iguala.
Por otra parte, la búsqueda de los normalistas ocupa el otro gran espacio y con ella la incapacidad del Estado para responder a este tragedia. No está de más decir que todo el Estado es responsable de esta situación. Los partidos políticos que postularon al Presidente Municipal de Iguala –presuntamente responsable de las desapariciones-, el gobierno de Calderón, el de Peña Nieto, los organismos electorales y un largo etcétera. Encontrar a los desaparecidos es la respuesta que todos esperan, pero pocos auguran que estarán con vida. Es la más importante de las tareas, pero las noticias que se esperan no son esperanzadoras.
No obstante, la (otra) cuestión más preocupante y poco debatida es la confirmación de México como una oligarquía. Ayotzinapa no es una situación extraordinaria, sino cotidiana (Bravo Regidor dixit). La discusión está centrada en algunos personajes, cuando son las instituciones las que no funcionan en el país. México está lejos de ser una democracia y Ayotzinapa lo confirma. En las democracias no desaparecen más de 20 mil personas en menos de una década. Tampoco aparecen fosas con inmigrantes muertos. En las democracias el narcotráfico no manda. En democracias el Secretario de Seguridad no monta operativos para que la televisión los transmita. En las democracias un presidente responde cuando hubo 60 mil muertos en su sexenio. En las democracias el Presidente de la República ofrece entrevistas a periodistas, no a actores de telenovela. En las democracias el Presidente rinde cuentas ante el Congreso, no ante las cámaras de televisión y un grupo de aplaudidores. En las democracias el gobierno combate al narcotráfico. En México el narcotráfico permea el gobierno y se confunde con él. Se hace uno. En las democracias el gobierno manda. En México el gobierno simula. En las democracias hay responsables. En México la impunidad es la regla.
A esa carencia de democracia se suma la confirmación de que la sociedad ha entrado en un estado de aceptación de la atrocidad. En ese sentido, su responsabilidad es parcial en esta tragedia. Ayotzinapa no sólo se trata de narcotráfico, sino por encima de todo es una muestra de corrupción. Y esa corrupción no es cultural como afirma el Presidente, pero una buena parte de la población la practica todos los días y a todas horas, para ganar millones de pesos o para fines más modestos, pero igual de dañinos. Éstas son las consecuencias. Se ha creído que corromper es una manera fácil de evitar problemas de coyuntura. Casos como Ayotzinapa son el futuro que nos ha alcanzado. La cuestión es clara: o se deja de corromper o habrá otros casos que nos recuerden que no se puede construir una democracia bajo los cimientos de la corrupción. Que Moreira, Marín, Raúl Salinas, Bejarano, Godoy, Montiel y García Luna caminen por las calles es un recuerdo perene de que la impunidad impera y de que la corrupción deambula en nuestro país. Nuestra denuncia nunca será suficiente. Siempre hará falta insistir en que la corrupción nos afecta a todos. Una buena parte de la sociedad no lo entiende, aunque hoy se identifique con Ayotzinapa. Dejar atrás la corrupción es una tarea conjunta de Estado y sociedad. Por eso nuestra parte de culpa. Siempre menor. Siempre parcial.
Por último, existe una ruptura social que brota de nuevo con la tragedia de Ayotzinapa. Se aprecia en el discurso de odio que corre paralelo a las justificadas y necesarias demandas de justicia. Más allá de la renuncia de Aguirre o de Peña Nieto, habría que empezar por cambiar ese discurso de odio (incrustado en muchos sectores de la izquierda y en la derecha). En México, la izquierda, la derecha, los ciudadanos entre sí, desprecian la otredad con una facilidad que espanta en términos democráticos. Los adversarios políticos o ideológicos no son considerados contrarios, opositores, sino enemigos. Por eso en Ayotzinapa no buscan soluciones: buscan la caída del enemigo, su responsabilidad, su señalamiento; la identificación del enemigo con la maldad. Por el contrario, quienes se sienten ofendidos, descalifican de igual manera a los críticos. Les señalan como un “peligro”, como “ardidos” y “desestabilizadores”. Tal parece que es más rentable descalificar al enemigo que mostrar argumentos. Ganar la batalla es su objetivo. Un discurso fascista puro y duro. De derecha y de izquierda. Mientras no se deje atrás el discurso de odio –y me temo que no será pronto-, es difícil construir un escenario social que permita una convivencia democrática. No se puede edificar la democracia a partir de sólo reconocer las bondades propias y los males ajenos.
Ayotzinapa es para muchos un pretexto par atacar al enemigo, cuando para todos tendría que ser una razón de conciliación en el discurso y en los hechos. Dejar de buscar que el enemigo caiga en la batalla y empezar a buscar que el ciudadano crezca en sociedad. Ese es el galimatías está perdido nuestro país. Perdido y condenado, si se mantienen las condiciones actuales. Condenado, como el minotauro en su laberinto.
Memorial 