EL PRI propone una consulta popular para reducir el número de diputados y senadores, lo que resulta ser inconstitucional. El artículo 35 de la constitución establece que la materia electoral no puede ser objeto de consulta popular. La conformación de las cámaras, los principios para acceder a una curul y el número de legisladores son materia electoral. En ese entendido, la consulta que propone el partido tricolor tiene un objeto inconstitucional y tendría que se rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No obstante, a pesar de su clara inconstitucionalidad y de que parezca más una estrategia política y mediática (para quitar los reflectores a las reformas del Presidente Peña Nieto), llama la atención que el PRI plantea una consulta popular para cambiar un aspecto que está expresamente previsto en la constitución (el número de diputados y senadores). En otras palabras, el PRI intenta cambiar la constitución como consecuencia de una consulta popular.

En este sentido y por paradójico que parezca, el PRI pretende lo mismo que Morena y el PRD. Aquél respecto de la reforma constitucional de 1986, éstos respecto de la reforma constitucional energética de 2013; el PRI para reducir el número de legisladores, mientras que el PRD y Morena para echar abajo la reforma energética impulsada por Peña Nieto.

En 1986 se reformó la constitución mexicana para establecer que 32 senadores y 200 miembros de la Cámara de Diputados fueran electos por el principio de representación proporcional. Hoy, con base en una consulta popular, el PRI quiere cambiar la reforma constitucional de 1986 para que sean 100, y no 200, los diputados electos por el principio de representación proporcional, y que desaparezcan los 32 senadores electos por dicho principio.

Lo curioso es que hasta hace poco el PRI y el Presidente Peña alegaban la improcedencia de las consultas populares impulsadas por el PRD y Morena, precisamente porque el objeto de las mismas es una reforma constitucional. Ello contrasta con su afán de cambiar lo reformado en 1986. Esto es, no quiere que se ponga a discusión lo aprobado en la reforma constitucional de 2013, pero sí impulsan un cambio a la reforma constitucional de 1986 a través del mismo instrumento: una consulta popular.

Además, la propuesta priísta incuba un cáncer de desprecio hacia las minorías, lo que ya ha sido criticado por diversos analistas. Disminuir el número de “pluris” tanto en la Cámara de Diputados (20% del total de la Cámara Baja) como en el Senado (25% de la Cámara Alta) perjudicaría a las minorías que tienen derecho a ser representadas y escuchadas en las cámaras. Un par de ejercicios matemáticos sirven para desnudar que el cambio que se pretende sólo beneficiaría al otrora partidazo.

Esto no le quita atractivo a la propuesta, porque recoge el sentir ciudadano de que los representantes populares en realidad no sirven a los intereses ciudadanos, sino a los de élites alejadas de las necesidades de la mayoría. La propuesta del PRI recoge el hartazgo ciudadano de una clase política corrupta, aunque el verdadero quid de esa molestia no proviene del número de diputados o senadores, sino de la ausencia de un verdadero Estado de Derecho. El hartazgo no proviene del número de legisladores, sino de la corrupción que ensombrece su trabajo y la ineficiencia que les caracteriza.

Como los médicos mediocres, el PRI sabe que el enfermo se queja, pero no entiende porqué.

 

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