Pemex y la Constitución

Tenemos una constitución diferente. Nada más iluso que apelar al texto de la constitución de 1917, porque su transformación es evidente.  En principio, se trata de un texto que fue elaborado con una referencia excesiva al modelo americano (lejos de la realidad mexicana) y que en algunas partes merece una reflexión profunda por parte de la clase política, la academia y el poder judicial. No obstante, el espíritu de la constitución era eminentemente social y estaba basado en el reconocimiento de derechos de tipo social y en la rectoría del Estado en temas claves, además de su carácter republicano y federal.

En el último año se ha ido cambiando de forma radical ese espíritu social de la constitución, sobre todo en lo relativo a la intervención económica del Estado, lo que algunos han llamado la constitución económica. Es un proceso que data desde los últimos gobiernos del PRI en el siglo XX, en los que se fue deconstruyendo  ese modelo social para dar paso a un modelo neoliberal en lo económico y conservador en lo político. Uno de los aspectos trascendentales de la Constitución de 1917 era la rectoría del Estado en cuestiones relacionadas con la energía, de manera fundamental con la extracción del petróleo. Con la reforma energética impulsada por el Presidente Peña Nieto esto ha cambiado de forma trascendental, pues se permitirá la inversión privada. Por eso, no es posible afirmar que la actual constitución tiene el mismo espíritu que dejó impregnado el proceso de nacionalización del cardenismo, por no ir más lejos. A decir verdad, es casi ilógico afirmar que esta constitución respeta el espíritu de nacionalización por el cual el Estado mexicano retomó la rectoría en el tema petrolero. Mejor dicho, afirmarlo es un acto de perversidad.

A efectos de no caer en un chauvinismo, lo primero que habría que preguntarse es sobre la corrección y las bondades de ese cambio de viraje energético y, posteriormente, sobre si el timón en esa materia lo sigue llevando el Estado. Cierto, la inversión extranjera en Petróleos Mexicanos ya se venía dando de forma encubierta y ahora el texto constitucional justifica lo que antes era anticonstitucional. Lo curioso es que la iniciativa privada que participará en PEMEX –en los negocios importantes- será extranjera y en específico serán los grandes consorcios que en materia petrolera controlan el mercado mundial. Aparte del Estado, son los únicos con la capacidad económica para realizarlo.

Un aspecto puede ilustrar lo que aquí se sostiene: la mitad de los barriles que se pueden extraer de aguas nacionales se obtienen de aguas profundas del Golfo de México, pero el Director de PEMEX adelantó que la paraestatal se abstendrá de realizar trabajo en ese tipo de aguas. Afirmó que se enfocará en aguas en las que sí tiene “capacidad” (aguas someras y pozos convencionales). El funcionario adelanta que dejará el negocio de aguas profundas a las transnacionales. La consecuencia no es menor: se trata de la mitad del negocio de extracción. En su visión, la ventaja de la reforma energética es que a partir de ahora PEMEX podrá “compartir riesgos con otras empresas y no ser los únicos (sic) que arriesguen capital.” Una joya de mediocridad y de sinceridad. Que el negocio lo hagan otros no es del todo malo; lo equívoco es renunciar a desarrollar las capacidades para en algún momento llevarlo a cabo por sí mismo. Además, es de resaltarse que es precisamente en la extracción (junto con la producción) donde PEMEX encuentra sus mejores números. En otras palabras: la petrolera se hace a un lado en la mitad del negocio (aguas profundas) que le deja ganancias y se centrará en solo la mitad del negocio (aguas someras y pozos convencionales) y en procesos de refinación y petroquímica en los que le costará mucho competir. Un verdadero balazo en el pie. De esta manera, parece poco claro que el Estado pueda beneficiarse de un modelo en el que no controla de manera plena su extracción, refinamiento o distribución.

El debate técnico de los beneficios de la reforma va ligado al debate discursivo que se tiene sobre ella. El problema para quienes tratan de justificar esta reforma es que no es producto de una demanda popular. Cierto: quien pagará los platos rotos será el consumidor final, toda la población, a pesar de ser a quien menos se le tomó en cuenta para realizar este cambio constitucional. En todo caso, la reforma se trata de un acuerdo de élites políticas y empresariales. Había una demanda de modernización de Pemex y eso nadie puede negarlo, pero esa demanda pasaba por hacerla una empresa a la que se invirtiera mucho más de lo que se le “quitaba” y se destinaba para el presupuesto de la nación. Pemex necesitaba inversión y para ello era necesario reformarla y que el Estado en sí se reformara, permitiendo a la empresa ser eso, una empresa que obtuviera ganancias y a la que no se le sangrara sin piedad. El Estado tiene que aprender a vivir sin Pemex como la fuente que cura todos los males. Y eso no se hizo.

Con esta reforma los desafíos saltan a la vista. El del gobierno será controlar lo que de por sí no controlaba del todo, ahora que sus instrumentos de regulación son menores. Para el pueblo mexicano el reto será resistir. Así de simple, sin mayores dramas, aunque la palabra misma describe la situación. No se ve en el horizonte cercano una mejora tangible y el ciudadano de a pie está lejos de beneficiarse de una reforma que parece que beneficiará a unos cuantos por los contratos que generará, pero que está alejada de la población por su carácter elitista. En materia constitucional el reto no es menor, porque la postura puede ser benévola o crítica. Se puede optar por criticar el consenso elitista o decantarse por  defender la postura que trate de justificar que los cambios constitucionales responden a una modernización (el problema es si los resultados no son benéficos). La clave es una: ¿Cómo sostener que el argumento de Cárdenas en 1938 ya no es válido, pero diciendo que el espíritu de la constitución no se trastocó? ¿Cómo decir que ésta es la reforma necesaria y exigida, cuando a la población no se le tomó en consideración?, ¿Cómo sostener que la reforma beneficiará a todos, cuando el ciudadano de a pie ve todo lo contrario en su día a día –los precios de los productos provenientes del petróleo aumentan imparablemente?

Suena a un galimatías de imposible solución.

Sin embargo, el papel aguanta todo. Los defensores de la reforma pensarán que encontraron alguna fórmula y algún alegato discursivo. Lo que es dudoso es que el pueblo de México encuentre un beneficio, más allá del discurso constitucional. No es una cuestión sólo de la constitución “diferente” o de la interpretación condescendiente o la crítica de la reforma. Lo que está en juego es un futuro como Estado y la constitución económica necesaria para que se satisfagan las demandas ciudadanas. En ese punto la reforma genera dudas; más que eso, es un nubarrón en la noche de la República.

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