Los partidos  de oposición se prestarán a avalar una “reforma política”, aunque deberían empezar por cuestionar el leitmotiv peñanietista (que no es otro, sino devolver los favores a sus aliados)

Por supuesto que la reforma política es necesaria, pero no en aspectos secundarios, sino en cuestiones sustanciales. Una reforma de este tipo tendría que pasar por una transformación del sistema electoral, pero también por una apertura de los canales de participación política de la ciudadanía, así como por la reforma constitucional al estatus del Distrito Federal y una rediseño del federalismo mexicano.

El sistema electoral tiene fisuras serias. Desde la creación de empresas partidarias (llamadas partidos políticos), distritos electorales desiguales, así como la calidad del árbitro electoral. El árbitro electoral ha perdido el prestigio y, si en política la forma es fondo, el IFE no parece el organismo imparcial del que se tenía referencia. Es claro: el 2006 sigue pasando factura, cuyas consecuencias se agravaron con una elección (2012) en donde la fiscalización fue el Talón de Aquiles del organismo electoral. El IFE no sólo necesita una renovación de nombres, sino de forma de selección de sus integrantes. Ha pasado de aparentar ser un organismo de ciudadanos a ser, ahora más que nunca, el “botín ciudadano” de los partidos, donde impera el criterio de la habilidad del líder en turno. Si el IFE del 2006 tuvo la mano de Elba Esther, éste tiene los trazos de Gamboa, Manlio y Calderón. ¡Vaya terna! En una analogía futbolística, se puede decir que es un árbitro con pocas tarjetas amarillas y unas cuantas rojas que, finalmente, termina por guardarlas ante la excusa de la gobernabilidad y amparado bajo la interpretación estricta de la norma, lejos de una defensa a ultranza de los principios democráticos. Es un árbitro timorato.

El Distrito Federal, por su parte, tiene un lugar especial en una hipotética reforma: necesita un estatus constitucional diferente. Los capitalinos sufren el menoscabo de sus derechos políticos porque sus “representantes” no tienen las mismas facultades que, por ejemplo, el resto de representantes populares al interior de los Estados.  La ecuación pasa porque se dote al Distrito Federal de una constitución, para que participe en igualdad de condiciones con los demás Estados de la República en todos los terrenos. Que la Asamblea Legislativa sea un Congreso. Que el Ejecutivo Federal deje de tener cierta injerencia en el gobierno capitalino. Soberanía es, pues, el tema, que se mezcla con la reforma al sistema federal que pasa por tres ejes estructurales: seguridad, reforma agraria y reforma fiscal. Una reforma política sin abordar el tema del federalismo (mayor descentralización y mayor control del gasto de los Estados) es un catálogo de intenciones perversas que encuentra en la Ciudad de México a una de sus mayores damnificadas.

De igual forma, las candidaturas independientes, el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, los presupuestos participativos, por mencionar los más populares, son formas de participación política del ciudadano que pide a gritos la sociedad mexicana. Como buenos aristócratas, los representantes populares temen que la participación los desborde y prefieren “contener” el ímpetu de los activistas. Pero no basta con una adecuación constitucional: los funcionarios electorales son cortos de miras y necesitan que la norma reglamentaria sea explícita.  Una reforma sin la reglamentación adecuada es letra muerta en un México de miopía electoral. Ello conlleva a que no sea necesario un paso, sino dos: uno constitucional y otro legal.

Por último, la financiación de las campañas electorales es el tema central. Cualquier reforma política que se precie de serlo encuentra en este tema su quid. La cuestión no es fácil, porque se conjugan tres factores importantes: el interés de quien se beneficia de ello, el poder político en juego y la poca estatura política para hacer más con menos. Los grandes beneficiarios de que las campañas sean más costosas son los medios de comunicación y, en especial, las televisoras. La reforma electoral de 2007 fue un varapalo, del que se burlaron, con uno y otro partido, con el gobierno y la oposición, mediante infomerciales y entrevistas que no lo eran.. El poder político en juego es un segundo factor, porque el dinero invertido en las campañas reditúa si se obtiene el botín. Esto es, quien invierte puede ganar con creces, lo que se conjuga con el tercer factor, que es la ausencia de ideas novedosas y eficaces para lanzar mejores campañas con poco dinero. Los candidatos y sus estrategas piensan que ganar la plaza sigue siendo la mejor forma de hacer política. El político mexicano, en esencia, quiere seguir haciendo campañas como en los años 60´s.

A estos tres factores, habrá que añadir un aspecto transversal: un árbitro electoral con instrumentos eficientes para controlar el gasto de campaña. En México, algunos quieren seguir argumentando que el narcotráfico no “mete” dinero en las campañas políticas o que Peña  ganó en una contienda limpia y pareja. Para ellos, no hace falta sino recetarles una dosis de realismo o dos píldoras honestidad.

 

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