Pasó lo impensable. Las causas son muchas, pero lo importante y discutible es el resultado: se aprobó una reforma en materia de telecomunicaciones. El debate acalorado en la Cámara de Diputados fue demasiado burdo, disperso y poco atinado. Se mezclaban argumentos a favor de la libre competencia con argumentos de representación popular y con derecho a la información que, se dijo, será más efectivo porque Azcárraga ya no será el mandamás de la televisión y Slim estará preocupado porque su poder en el Mercado de las telefonías disminuirá. Demasiado discutible.

 

Lo cierto es que la reforma es mejor que la ley que antes se tenía. Que el capital sea privado no es para espantarse, como tampoco que sea extranjero. En todo caso, lo que espanta es la falta de control sobre quienes prestan un servicio y la debilidad del Estado. Y es precisamente este aspecto donde no se ve de manera clara el avance. Si en México Televisa fuera propiedad de un ruso o de Azcárraga, el problema sería el mismo. El punto no es quién es el concesionario, sino quién lo controla. Si el Estado es débil, el concesionario sacará un provecho indebido de esa oportunidad. La reforma, en este sentido, crea organismos cuya autonomía se sostiene en el papel, pero falta ver si se materializa en la legislación secundaria y, sobre todo, en la práctica. La creación de institutos autónomos, en todo caso, muestra el temor ante la omnipotencia estatal y la participación de la “ciudadanía” en dichos organismos, pero de ninguna forma garantiza que, a través de ellos, el Estado vaya a ser fuerte y dispuesto a frenar los excesos en materia de telecomunicaciones. El riesgo es que los mismos concesionarios maniaten al nuevo árbitro de las telecomunicaciones. Luego entonces, echar las campanas al vuelo porque el Estado se fortalece es, al menos en este punto, anticiparse demasiado.

 

Decir que la reforma es un avance porque es una reforma que afecta a los monopolios existentes en materia de telecomunicaciones es una verdad poco refutable, pero es sólo parcial. El problema es si los nuevos actores van a estar aprisionados por la fuerza económica de quienes hasta ahora han dominado el mercado de la televisión, radio y telefonía. Si ese es el caso, sólo habremos de pasar de poner el botín en manos de Alí Babá a repartirlo entre los cuarenta ladrones. De nuevo: el órgano regulador y de vigilancia es el punto clave, pero también, y eso habrá que demandar, el comportamiento de los nuevos actores. Veremos.

 

Peña Nieto ha dado un buen golpe y ha tenido de aliados al PRI y al PAN. Lo impensable pasó, cierto. Que había demandas de apertura que son recogidas, también es cierto. Pero que esta no es la mejor reforma posible (y para ello no hacía falta magia, sino mayor voluntad del Estado) también lo es. No se trata de las letras grandes, sino de las letras pequeñas. Tampoco me parece que sea la reforma que detonará el desarrollo del país, como lo hizo ver la Diputada Carpinteyro. En todo caso, es una reforma que fomentará la competencia entre actores de radio, televisión, internet y telefonía. Sus alcances para la población son lejanos. Esta reforma es, en el mejor de los escenarios, un buen paso en materia de competencia. Pero el país se desangra entre los have y los have-nots, en otras palabras, entre los que tienen acceso a la TIC y los que no. Esos son problemas de desigualdad social y de pobreza que, aunque esta sea la reforma más importante del sector, no se resuelven ni de forma mínima con la nueva legislación.

 

Además, se afirma que la reforma en un tanque se oxígeno para cerrar la brecha digital. Nada más alejado de la realidad. La brecha, como lo demuestran los estudios serios, no sólo se cierra con acceso a las TIC, sino con las digital skills y para eso hace falta una política que aumente el conocimiento, difusión y perfeccionamiento de la digital literacy. Ello no está en la reforma. Y no está porque es una reforma económica y político-jurídica. La brecha en la digital literacy –aún más profunda y difícil de atacar-, en cambio, se combate con una reforma cultural, sociológica y educativa. Y ese no es el tipo de reforma abordada ayer. La de ayer fue una reforma de dinero. Es una reforma que pretende repartir un mercado. Los que la propusieron, discutieron y aprobaron, quieren hacer creer que fue una reforma ciudadana. Ojalá que así sea. Mi escepticismo, en cambio, es proporcional a la panacea que quieren vender.

 

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