El coctel está servido para que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invaliden las elecciones de 2024. No lo harán, salvo que hagan cumplir la norma, y eso es precisamente lo que las autoridades omiten en nuestro país. Además, enfrentan un ataque de todos los partidos políticos que ensombrece su función porque para unos son representantes de un establishment que se niega a morir; y para otros son instituciones obedecen a los deseos del señor de Palacio.
Lo único que legitimaría de manera indudable su continuidad en el sistema electoral mexicano sería una decisión que anule las elecciones. Sin embargo, esa es precisamente la decisión que menos quieren tomar, aunque es la solución más obvia ante el despilfarro y la grosera violación a las normas electorales por parte de todos los partidos políticos. Todos están en precampañas antes del plazo que la ley prevé al efecto, hay un dispendio grosero y evidente desde el gobierno a favor de una de las candidatas, los opositores también gastan sin que nadie justifique de dónde obtienen los millones para organizar foros, mítines y reuniones. Y esto es solo el inicio: los candidatos que resulten ganadores en los procesos internos de Morena y del Frente Amplio por México harán campaña sin importar los plazos, límites presupuestarios o condiciones previstas por la ley. Y lo mismo pasará con procesos para gobernadores, presidentes municipales o diputados locales y federales, así como senadores. La infracción a la norma, la inyección de dinero público en las campañas, el dinero del crimen organizado que además amenaza a candidatos y votantes, serían razones suficientes para hacer un alto en el camino y terminar con la pasividad del árbitro electoral (INE) y del máximo tribunal en materia electoral (TEPJF). Un informe difundido por el Colmex exhibe la bestialidad de la intervención del crimen organizado en las elecciones de 2021 (https://violenciaypaz.colmex.mx/archivos/210/El%20crimen%20organizado%20en%20el%20proceso%20electoral%202021%20-%20México.pdf). Las agresiones, delitos y homicidios se cuentan por cientos y en ellos el actor principal es el crimen organizado. Nada indica que 2024 será un escenario distinto: es más, se asume que empeorará.
Se piensa en el INE como un gran organizador de las elecciones, pero difícilmente puede llevar a cabo de manera exitosa una función de verdadero árbitro. Es un árbitro sin instrumentos para hacer valer sus decisiones. El TEPJF es el otro gran polo de poder que se niega a ver una realidad donde todos infringen la ley. Sus miembros, históricamente, han negociado los resultados de las elecciones de acuerdo con sus cálculos políticos inconfesables -por supuesto, con grandes excepciones.
La elección de 2024 será distinta por un factor que no se puede dejar de lado: el encono de los partidos con el INE y el Tribunal Electoral. Aunque pareciera que es un factor que disminuye su poder, ambas instituciones pueden utilizarlo para legitimar su función y empoderar a sus miembros, quienes tienen poco que perder. Los partidos y los actores políticos incumplen la norma a diestra y siniestra, el crimen organizado influye de manera burda en la elección y las descalificaciones al trabajo de ambas instituciones ya se da por descontado. En ese escenario, ¿por qué no anular ciertas elecciones? ¿Qué pierden?
Si la negativa a esa posibilidad resulta del miedo a la inestabilidad que una decisión así acarrearía, habría que recordar que esa “estabilidad” donde el gobierno y oposición incumplen la norma y el crimen organizado participa determinantemente en la elección es todo menos una estabilidad democrática. No es más que un acuerdo de dos grupos de poder, el político y el criminal. La norma para ellos no existe e impera la ley del más poderoso en materia electoral: gana quien tiene más dinero y a quien el crimen organizado no vea con malos ojos.
En ese escenario, ¿por qué no anular una elección? ¿Por qué no negar registro a ciertos candidatos porque han infringido la norma de precampañas?
Validar una elección, otorgar un registro a un candidato, declarar que el proceso ha sido ejemplar, a pesar de esta infracción burda de la ley, termina siendo la contribución del INE y del Tribunal Electoral a esta ley de la selva electoral y el viento que atiza el fuego de quienes piensan que son grandes organizadores de las elecciones, pero que el título de árbitros electorales les queda muy grandes.
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