El gobierno federal ha anunciado que la reconstrucción de edificios y casas dañados por los sismos del mes anterior costará 38 mil millones de pesos. Algunos líderes de opinión piensan que es necesaria la creación de un fondo de infraestructura, un comité que se encargue de supervisar la reconstrucción o, dicho de otro modo, que esos 38 mil millones de pesos no sean manejados por el gobierno federal.
Su visión es corta.
En realidad, les atrae la cifra de 38 mil millones de pesos, y ponen la reconstrucción como el nuevo momento clave de la democracia mexicana, aunque pasan por alto un dato: este año (2017), el presupuesto del gobierno asciende a $4,888,892,500,000, lo que quiere decir que el presupuesto que gasta el gobierno es 128 veces más grande CADA AÑO que el costo de la reconstrucción.
En ese escenario, discrepo de su propuesta por tres razones fundamentales:
– La primera de ellas es que tengo tanta desconfianza en el PRI, como en el grupo de “intelectuales”, “críticos”, y personas de la “sociedad civil” que quieren coordinar un fondo y que quiere asumirse como voz ciudadana “auténtica”. A los priistas los conocemos, pero no llegaron a gobernar sino con los votos de millones que en 2012 estaban convencidos de que Peña Nieto era la mejor opción y que el PRI de regreso en los Pinos era lo óptimo para la transición mexicana. Que esos votantes ahora se escondan es otro tema.
Hoy, muchos de esos millones extraviados quieren que el gobierno que ellos eligieron y en el que confiaron, con el que se tomaron fotos, con el que se sonrieron durante años, no controle lo que debe controlar.
Además, dudo de dos cosas: la capacidad de muchos miembros de la sociedad civil para controlar al gobierno, y los mecanismos de rendición de cuentas que la ciudadanía tendrá sobre quienes coordinen el comité o manejen el fondo. Esos intelectuales y grupos de interés de impulsan esa agenda “ciudadana”, exigen confianza ciega o idolatría, pero no se sabe porqué creen que harán un mejor trabajo que otros burócratas. De hecho, también existe la probabilidad de que realicen un peor trabajo. Muchos de ellos, dicho de otro modo, han aplaudido al gobierno un día sí y otro también, pero ahora nos dicen que ellos (los del gobierno) no son de fiar.
– La segunda razón es porque el costo de la reconstrucción es una nimiedad. Como se ha señalado, el gobierno gasta 128 veces más CADA AÑO que el costo total de la reconstrucción. Algunos portales de noticias lo han informado de otra manera, con ciertos destellos: en los últimos 4 años, la Presidencia de la República gastó en imagen y publicidad el mismo monto que alcanzará la reestructuación.
Si la “sociedad civil” que impulsa un fondo común de reconstrucción, un comité, los “intelectuales” o los grupos de interés que están detrás de ellos, de verdad quieren cambiar a este país, deberían centrarse en el bosque –el gasto presupuestal de cada año-, y no en un árbol que, por frondoso que sea -38 mil millones de pesos-, palidece ante el dispendio que el Estado hace con recursos públicos. Centrarse en la reconstrucción pasa por alto que, aún si sus iniciativas fueran efectivas, el ejercicio correcto de la reconstrucción no representa ni el 1% del presupuesto público que se ejerce CADA AÑO. Esto no demerita el costo de la reconstrucción, ni su importancia, pero el centro de los problemas de este país no pasa por una correcta aplicación de los recursos a ella destinados.
– La tercera razon es porque debilita al Estado. Si en cada situación compleja o extraordinaria se pone sobre la mesa la necesidad de formar un comité ciudadanao, la pregunta es básica ¿cuántos comités o fondos tendríamos que crear al año? Lo que no dicen muchos de esos intelectuales y académicos, es que muchos de ellos apoyaron en 2012 una opción que llegó al poder con su voto y que si cada decisión del gobierno quiere supervisarse con comités, el gobierno de Peña Nieto desaparecería, lo que no vendría mal, pero sería un pésimo antecedente. Se quiera admitir o no, millones de mexicanos votaron por Peña y por el PRI en el 2012. Entonces, retirarle el poder en los momentos cruciales expone al país, más que fortalecerlo. Además, es una blfetada a las instituciones que auditan el gasto público. Si creen que esas instituciones no sirven, entonces hay que impulsar una agenda para eliminarlas, y no una propuesta que quiere crear más burocracia en el país de los trámites burocráticos.
La propuesta en sí, tiene un origen en el hartazgo, pero está enfocada de manera incorrecta. Mira el árbol y no el bosque; debilita las pocas instituciones que ponen el dedo en la llaga del gobierno y las hace inútiles. La sociedad, por ejemplo, bien podría mirar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y solicitar su cumplimiento. El ahorro, si se cumplen dichas observaciones, va más allá de la reconstrucción del país. Los ejemplos sobran, pero el diagnóstico que se está haciendo es erróneo, al mirar a una reconstrucción de edificios, cuando se necesitan incentivos para que millones de mexicanos exijan cuentas y una aplicación correcta de todos los recursos, no sólo de unos cuantos millones que resultan una minucia en el balance final del sexenio de Peña Nieto. La sociedad se está enfocando en la reconstrucción, y el problema mayor no es ese: se llama Estado de derecho. Aplicación de la norma. Mientras eso no pase, podrá haber 30 comités, 50 fondos y otras tantas reconstrucciones. Sin un país de normas cumplidas, la palabrería dominará el horizonte.
Foto: Jordi Montiel
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