(Ir)responsabilidad

La muerte de 200 personas es una desgracia. Si la actuación u omisión del gobierno contribuyó a la desgracia alguien debe ser responsable. Por eso mismo, el Primer Ministro de Corea del Sur anunciaba ayer su renuncia al cargo. El funcionario no era el capitán del Ferry que naufragó -y en el que viajaban los occisos- ni el encargado de revisar materialmente si éste funcionaba de manera correcta ni el encargado del ministerio que debía responder con mayor rapidez y eficiencia al llamado de auxilio enviado desde la embarcación. Se asume como responsable por ser el jefe de todos aquellos cuya acción u omisión no pudo evitar la lamentable situación. Ello significa que es el responsable máximo de una serie de acciones que se resumen en omisiones previas a la catástrofe y en acciones lentas, torpes y mal realizadas, que se tradujeron en pérdidas humanas.

Lo que el Primer Ministro de Corea ha realizado puede no tener mayor trascendencia y un significado poco importante para los padres, los familiares y el entorno de las víctimas del naufragio. Pero ha realizado un acto consecuente con la responsabilidad que asumió. Ni se alaba, ni se venera; hizo lo que debía. Punto.

Por supuesto que no todo fallo en la administración pública debe tener como consecuencia una salida como la que ha tomado el ministro surcoreano. Los hechos y omisiones de una administración pública pueden ser consecuencia de malos funcionarios, de una situación mal prevista o de un simple error humano. Pero si la consecuencia es la muerte de 200 personas la respuesta no puede ser ordinaria. 

En este contexto, es imposible no traer a la mente dos casos relativamente recientes en México: 49 niños muertos en la guardería ABC de Sonora y 72 inmigrantes ejecutados por el crimen organizado, encontrados en una fosa clandestina en Tamaulipas. En un país democrático, un par de hechos como los antes citados tendría como consecuencia la renuncia del Jefe del Ejecutivo o de quien se asuma como responsable. Nada de eso pasó. Se perdió de vista que alguien debió ser responsable de las acciones u omisiones gubernamentales que permitieron el escenario para que esas catástrofes ocurrieran. No se les acusa de haber prendido fuego a la guardería ni de haber ejecutado a los indefensos inmigrantes. Pero es claro que alguien no realizó de manera correcta su trabajo para evitar tantas muertes que indignan por el número, pero también por ser consecuencia de la corrupción (no se entiende una guardería funcionando en esas condiciones o que 72 personas entren en el país, transiten por él, sean secuestrados por el crimen organizado, ejecutados y sepultados sin la actuación de la autoridad).  

En nuestro país los funcionarios creen estar investidos de un halo impoluto que lejos está de un Estado constitucional de derecho. Poco puede alegar a su favor la clase política (todos los partidos incluidos) después de casos como las tragedias referidas o de escándalos como las “ligas” de Bejarano, Oceonagrafía, el enriquecimiento de Moreira, el de Montiel, la huida de Yarrington, el incendio de un Casino en Monterrey o los espectáculos televisivos de García Luna (y podemos seguir con ejemplos). En todos ellos no existen responsables penalmente, pero tampoco se han fincado responsabilidades administrativas, políticas y ya no digamos civiles. No hay responsabilidad. Hay impunidad y ese es el común denominador.

Es claro que los cambios legales y constitucionales que tanto presume el gobierno en turno no serán la varita mágica para lograr un Estado constitucional de derecho en México. La aplicación de la ley es tema de agentes, no de legisladores. El nuevo PRI sigue siendo el viejo PRI porque la impunidad sigue siendo una constante gubernamental. EL PAN no rompió esa inercia de corrupción e irresponsabilidad, sino que la hizo más patente, y el PRD no parece ser la excepción. La transición democrática no fue suficiente porque los votos dan triunfos en las urnas, pero no aseguran la aplicación de la ley  y el respeto de la constitución. Para ello se necesita un poco de decencia y  altura de miras. También se necesitan incentivos para cumplir con la norma, pero en México es más rentable no asumir responsabilidades que asumirlas. La clase política mexicana carece de decencia, de incentivos para cumplir la ley y de un sentido de responsabilidad. Resuenan las palabras del ministro Zaldivar en la discusión por el caso de la guardería ABC: “Si la muerte de 49 niños no es suficiente para señalar a los responsables, ¿qué tiene que pasar en este país para que actuemos con energía?”. 

Su pregunta sigue sin respuesta.

Estamos lejos de Corea del Sur; y no sólo en un sentido geográfico.