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Reforma judicial. Desmenuzando la propuesta final

Hervey Rivera y Juan Manuel Mecinas

Una parte de la propuesta de reforma al Poder Judicial Federal cambia a votación popular el método de elección de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Académicos, periodistas y analistas sostienen posiciones encontradas acerca de esta medida que también reduciría el número de ministros en el tribunal supremo del país.

HR: El Ejecutivo y el Legislativo federal han presentado cambios desde la década de los Setenta del siglo pasado, como resultado de su conformación en elecciones, algunas más democráticas que otras. Los ministros de la SCJN son designados por el Senado, en un procedimiento en el que el Ejecutivo propone una terna y, si es rechazada dos veces, puede nombrar directamente a quien ocupe el cargo de ministro. La designación es eminentemente política. Con la reforma propuesta, los tres podres que conforman el Estado mexicano serían electos en las urnas, con la legitimidad y legalidad que esto conlleva.

JM. La propuesta establecería un procedimiento que seguiría siendo político. Se quiere vender la idea de que esa designación política de los ministros ya no será elitista, sino popular. Y es la venta de un falacia. El Ejecutivo, Legislativo y Judicial serán quienes propongan a las aspirantes a ministras; la propuesta ya no será exclusiva del Presidente de la República. Sin embargo, al controlar un solo partido las Cámaras, nos encontraríamos con una boleta donde la abrumadora mayoría de los candidatos serían palomeados por el oficialismo. A partir de que aparezcan en la boleta, todo se tornaría una cuestión partidista y de grupos de poder. Al no permitírseles hacer campaña, ganaría quien convenza a grupos de poder de movilizarse a su favor. El voto popular resultará menos popular de lo que muchos imaginan.

HR: La designación de ministros de la SCJN por el Senado también implica un fuerte contenido político partidista: recordemos el (penoso) caso de Eduardo Medina Mora. Un perfil con esas características tendría que someterse al escrutinio público de una campaña. Además, el debate y discusión actual en la opinión pública acerca de las funciones del Poder Judicial Federal en el país es inédito. ¿Cuándo se veían capsulas en television abierta acerca del «trabajo» de este poder del Estado mexicano? La legitimidad que otorgan las urnas siempre será una solución por sobre los acuerdos intramuros entre élites.

JM: El hecho de que la población vote por los aspirantes a ministros no resuelve dos cosas: el vínculo de ellos con las élites partidistas y no hará más legítima la designación si los filtros para volverse aspirante dependen exclusivamente de la voluntad del Ejecutivo o de diputados y senadores. Creo que se idealiza la votación popular: si se vota por aspirantes mediocres o con compromisos inconfesables con grupos de poder, entonces la votación termina siendo una pantomima. Y el Ejecutivo y el Legislativo se lavarán las manos: la responsabilidad del nombramiento será de la ciudadanía, aunque, en los hechos, los aspirantes tendrán que estar ligados a ellos para aparecer en la boleta. Es una simulación por todos lados.