La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto sin un solo peso etiquetado para ayudar a los damnificados del huracán Otis. El gobierno repite una y otra vez que destinará 63 mil millones de pesos para la reconstrucción, pero aún se desconoce de dónde vendrá ese dinero y, todavía más preocupante, si ese dinero existirá o se quedará en mera propaganda. Al parecer, una parte de esos recursos provendrían de los fideicomisos del Poder Judicial que se ordenó se extinguieran, pese a que cubren ciertas prestaciones laborales y por ende su desaparición ha sido impugnada por los mismos trabajadores, por lo que el futuro de los fideicomisos es aún incierto.
Más allá de los dineros, las escenas en Acapulco son tristísimas: personas esperando horas para obtener una despensa, a punto de pelear por comida, temerosas en las noches por falta de electricidad. Es una tragedia y es claro que el gobierno no está respondiendo para satisfacer las necesidades de miles de personas que de un momento a otro perdieron su casa, su trabajo y una buena parte de su futuro inmediato. Nadie afirma que es fácil, pero el discurso del presidente de la República banaliza la tarea cuando afirma que los habitantes del puerto estarán más felices para Navidad; la realidad es que la reconstrucción durará años y los esfuerzos deben ser titánicos.
Si a la tragedia se suma la falta de presupuesto, la catástrofe es mayúscula y la actitud del gobierno raya en lo criminal. Dos semanas después de conocer las consecuencias desastrosas del paso del huracán, la respuesta es la indolencia en forma de un presupuesto que no mira a los damnificados, sino se concentra en los adversarios del régimen de la 4T: el Poder Judicial y los organismos autónomos.
Mucho dice del gobierno que sus enemigos sean quienes son su contrapeso y quienes regulan temas que quiere que se aborden de manera distinta, atacándolos presupuestalmente, sin justificar los recortes que afectan parte importante de su operación. Se puede estar a favor de reformar el Poder Judicial, la COFECE o el INE, pero es difícil de justificar la manera en que el gobierno ha decidido atacarlos, máxime que ya hay antecedentes al respecto (la disputa INE vs Congreso por el presupuesto en 2022, que obliga al Congreso a justificar un recorte mayúsculo)
Como si no fuera suficiente, el régimen ha dejado constancia de la poca democracia al interior del partido en el gobierno. La selección de nueve candidatos a los gobiernos estatales en disputa en 2024 resultó ser un circo para justificar el viejo ritual del dedazo. Menuda broma que no haya reglas claras de quién y bajo qué condiciones conseguiría la candidatura de Morena en los distintos estados. Por ejemplo, al aspirante que aventajó en las encuestas en la Ciudad de México no lo eligieron como candidato, pese a sacarle quince puntos a su contendiente más cercana. A ella le asignaron la candidatura y algunos saltaron de gusto, aunque sin advertir que el último criterio, la última regla, fue discrecional, lo que no es otra cosa sino el encubrimiento de lo que todos saben: los candidatos fueron escogidos por el presidente y por nadie más.
El ejercicio de Morena para elegir a sus candidatos desnuda al partido: la disputa es machista, es desigual, está llena de dinero desviado del erario y tiene la voluntad del presidente como el eje a partir del cual se decide todo. ¿Hay algo distinto a lo que hacía el PRI y que tanto se criticó en el pasado? Solo el uso de las encuestas como pretexto y como velo que trata de justificar la decisión presidencial, además del dispendio burdo y cínico de quienes aspiraron a las candidaturas de Morena. Es un dedazo más cruel: hace gastar a los contendientes, les hace creer que deben ganar una encuesta, que deben superar a sus rivales, pero la realidad es que solo necesitan estar en el ánimo del ocupante de Palacio Nacional.
Así, en una semana el régimen mostró que todo cambió para seguir igual. Sin ayudar a quienes más lo necesitan, atacando sin razón a sus “adversarios” y contrapesos, y mostrando su cara menos democrática. Algunos festinan la aprobación del presupuesto, los ataques al Judicial (incluyendo el reclutamiento de un expresidente de la Corte) y la designación de candidatos del partido oficial sin primarias, sin asambleas de delegados y sin votos. Aun cuando los aplausos de los adeptos al régimen son ruidosos, palidecen frente al mínimo susurro que demanda un país más igualitario y democrático.
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