Es equivocado el cálculo que realizaron López Obrador y Ebrard. Ambos se presentaron en
la conferencia de prensa del viernes pasado con argumentos de legalidad para apoyar la
exoneración del general Cienfuegos. Políticos de vieja escuela, el presidente y el canciller
mostraron que las pruebas que se obtenían del expediente de la DEA eran inverosímiles. Y
el presidente fue a más: no tardó en decir que todo había sido fabricado por la agencia
antinarcóticos de los Estados Unidos de América.
Puede que tengan razón y que todo haya sido un montaje de la DEA. Si así fuera, hubiese
sido deseable dejar que los cauces normales del proceso contra Cienfuegos arrojaran la
poca fiabilidad de los argumentos de la fiscalía norteamericana. En lugar de eso, el
gobierno emprendió una campaña para rescatar a Cienfuegos de las garras del imperio y
lavarle la cara en una exoneración ridícula por pronta y poco exhaustiva.
Si la DEA había tardado diez años en crear un expediente contra el militar mexicano,
resulta ridículo que en menos de dos meses, en medio de una pandemia, la fiscalía
mexicana logrará llegar a la conclusión de que todo era un montaje.
AMLO y Ebrard se equivocan porque el caso Cienfuegos no tiene que ver con la legalidad,
sino con la apariencia. Si el discurso del presidente había penetrado en muchas capas de la
población argumentando que su principal lucha era contra la corrupción, lo cierto es que
discursivamente la “liberación” de Cienfuegos es un balazo en el pie de la 4T porque no es
un hecho aislado: no hay que olvidar que este mismo gobierno decidió liberar a Ovidio
Guzmán cuando ya lo había capturado, y le ha dispensado un trato único a Emilio Lozoya
luego de lograr su extradición en España, en contrapartida del trato riguroso contra
Rosario Robles. Parece una constante: la 4T libera a probables delincuentes y les ofrece un
trato distinto al resto de la población si ello le beneficia o le evita problemas. Sin embargo,
nunca como en el caso de Cienfuegos se puso tanto en riesgo: con Ovidio era claro que la
4T evitaba un enfrentamiento que podía acarrear una masacre gracias a una operación
mal planeada (de la cual no hay responsables); con Lozoya, el trato deferente se supone
que viene dado porque ayudará a que caigan peces más grandes (EPN y Videgaray); pero
con Cienfuegos lo único que queda claro es que el Ejército le mostró los dientes a López
Obrador y eso fue suficiente para que se pusiera en marcha una movilización inédita que
incluso ha llevado al Presidente a encararse públicamente con la DEA, la fiscalía que
acusaba a Cienfuegos y con poder judicial norteamericano. López Obrador acaba de darle
una bofetada a tres instituciones primordiales en su relación con su vecino, y si lo hizo el
beneficio tendría que ser descomunal, porque las semanas que se avecinan no serán un
día de campo con Washington. Y ese beneficio no es evidente -salvo para Cienfuegos y
para el Ejército como institución a la que el gobierno de AMLO le ha entregado dinero y
poder a manos llenas.
¿Es Cienfuegos “El Padrino”? No lo sabremos. Las dos versiones que ahora mismo
conocemos se confrontan y no tenemos los elementos para asegurar que Cienfuegos haya
participado y se haya coludido con el crimen organizado. Lo que tenemos son dos
posiciones, una de la DEA, presentada por la fiscalía norteamericana ante los tribunales
estadounidenses, donde Cienfuegos podía defenderse y donde, de ser inverosímiles los
cargos contra el general, podría esperarse una sentencia favorable al militar. Del lado
mexicano, lo que tenemos es la defensa de Cienfuegos. No se trata de otro juicio, ni de
una versión distinta, sino de López Obrador y Ebrard convertidos en los abogados del
general mexicano. Desacreditan a la DEA, pero no convencen al ciudadano mexicano. No
hay tribunales, no hay pruebas, solo desacreditaciones.
Para quien ha vivido en este país, la exoneración del general no fue una sorpresa. La
sorpresa hubiese sido una investigación penal seria, donde el fiscal fuese independiente,
donde el gobierno no saliera a apoyar la decisión de la fiscalía diciendo que todo fue un
montaje. Esa hubiese sido una sorpresa después de Ovidio, de Lozoya y de un gobierno
que ha empoderado a los militares. Ebrard y López Obrador se equivocaron. Este país está
harto de las exoneraciones legales (Echeverría, Raúl Salinas, Elba Esther). Los personajes
principales de la 4T han extraviado el discurso: nunca ha sido (solo) de legalidad, sino de
justicia. La legalidad no ha sido nunca la bandera principal de este país, en parte porque
ha sido ondeada, de manera constante y con sorna, por los Echeverría, Salinas, los
Calderón, los Peña nieto y, también -ahora sabemos- los López Obrador.
Publicado en El Sol de Puebla y en LadoBe.com.mx el 18 de enero de 2021
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