- El gobierno equivoca el diagnóstico. Los daños fueron causados por el sismo, pero originados en la corrupción. Edificios y casas sufrieron daños por los sismos y hay dos responsables: quienes construyeron y quienes avalaron la construcción. Los unos porque su incapacidad o el simple error humano se reflejó en una pared, una columna o un techo mal diseñado o mal construido. Los otros porque autorizaron, vigilaron y certificaron de manera inadecuada edificios, escuelas o casas que no fueron levantados de manera adecuada. Pudo ser de forma involuntaria, pero la historia de este país invita a pensar que se concedieron permisos, se avalaron construcciones, se construyeron escuelas o se permitió la instalación de oficinas o empresas bajo el signo de la corrupción.
- Reconstruir no tiene otro significado que volver a su estado previo un inmueble dañado -en este caso- por el sismo. Pero el gobierno entiende que reconstruir es otorgar créditos, lo cual es incorrecto, porque el verbo que define esa actividad no es reconstruir, sino financiar. El gobierno cree que su función en la reconstrucción es la de un banco: otorgar créditos para una actividad específica. En medio de su concepción bancaria de la reconstrucción, la desgracia de millones tiene signo de pesos traducidos en intereses.
- La necesaria descentralización. En la regresión priista de los últimos años, incluso las funciones de órganos electorales fueron centralizadas y todo lo importante pasa (o debe pasar) por la ciudad de México. El sismo desnudó una vez más la necesidad de descentralización de gobierno y empresas, no sólo por la cantidad de personas que viven o trabajan en la ciudad de México, sino porque la respuesta ante una emergencia tiene que quedar en manos de los ciudadanos (a veces organizados y con herramientas, y la mayoría de veces desamparados y sin medios) porque el caos cotidiano se vuelve tragedia cuando de una emergencia se trata. El acceso a hospitales, el traslado de heridos, el tránsito de ambulancias y bomberos, la llegada y salida a estaciones de policías o de bomberos, por ejemplo, es un calvario que tendría que conducir a cuestionar las consecuencias que tiene la dificultad para llegar o salir de esos lugares. ¿Hay más muertos, más daños o costos mayores debido a la cantidad de personas que viven en la ciudad? Es la pregunta que, de pronto, pasa inadvertida y que las autoridades no quieren contestar.
- Reconstrucción sin replanteamiento. El terremoto de 1985 cambió la relación entre la sociedad civil y el gobierno. Los terremotos de 2017 y la reconstrucción en distintos Estados están dejando un cúmulo de datos e historias, pero sin cambio social o gubernamental. Las muestras de apoyo y solidaridad innegables y entrañables en momentos posteriores a los sismos se han quedado en las anécdotas más importantes de la solidaridad y nobleza de un pueblo, pero no han venido acompañadas de un replanteamiento en la organización estatal o de la sociedad civil. 1985 logró crear una consciencia ciudadana; 2017 -en todo caso- hizo recordar a un pueblo sin diferencias en los momentos trágicos, pero incapaz de transformar un Estado que parece volver a su cenit de corrupción y desdén. No hay que confundir: las urnas en el 2018 poco hablarán del 2017. Hemos sufrido una sacudida (literal) de proporciones dantescas, que no se puede reflejar en la normalidad de una elección. Sugerirlo refleja la incomprensión del momento.
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