Morena no sabe justificar el carácter democrático de una reforma judicial que no es progresista ni adecuada. Es una vendetta o un capricho contra las élites judiciales, dirían algunos, pero eso no significa que tendremos un mejor Poder Judicial.
Los tiempos importan y los actores también. A inicios de año, Claudia Sheinbaum y su equipo estaban en contra de elegir a jueces y magistrados mediante votación popular. Hoy apoyan el disparate porque creen que les convendrá. Ven el Poder Judicial como un botín, y eso puede convenirles, aunque el costo lo pagaremos todos.
Se acusa que miembros de la Corte y jueces actúan en contra de los intereses del obradorismo. Ello puede encontrar sustento en alguna parte, aunque revisando los casos, la Corte fue muy deferente con el Ejecutivo hasta que se nombró a una nueva presidenta y ahí explotó la guerra del Ejecutivo contra el Judicial. En efecto, la Corte fue un dique contra algunos proyectos del Presidente, aunque visto con detenimiento tampoco fue un obstáculo determinante para el éxito de las políticas obradoristas. La Corte es un chivo expiatorio que el obradorismo usa para justificar acciones y yerros. Comprar el discurso que señala a los jueces y a la Corte, como obstáculos para la transformación del país no construirá mejores aeropuertos, ni mejores líneas de tren, no impedirá que colapse el metro de la Ciudad de México o que las refinerías del país se utilicen de mejor manera. Podemos culpar a los jueces, ministros y magistrados de muchas cosas (algunas ciertas), pero la clase política es mucho más responsable del rumbo del país que algunos ministros o jueces que exigen transparencia al gobierno, demandan del senado que haga los nombramientos que debe realizar o impide una mayor (y es mucho decir) militarización en el país.
Los aplaudidores del régimen no logran hilvanar razón alguna para justificar que esta reforma (elegir popularmente a los titulares de los órganos jurisdiccionales) sea la reforma que transformará de manera benéfica al Poder Judicial. Repiten que la votación histórica es la razón de la reforma. Tienen razón en que la votación de la última elección le da legitimidad al obradorismo para realizarla reforma, pero de ninguna manera eso significa que cualquier reforma sea la adecuada.
Se puede partir de lo alejado que están los jueces del pueblo o de lo aristocrático que se ha vuelto el Poder Judicial, pero, sin un nuevo sistema de rendición de cuentas y de combate a la corrupción, se está convirtiendo a la judicatura en pequeñas diputaciones que “administrarán justicia” a partir de las intenciones que haya percibido el juez o magistrado en la elección que lo llevó a ese cargo o del mandato que alguno grupos de poder le indiquen.
Además, pensar que los jueces harán campaña sin el respaldo de partidos, organizaciones (legales e ilegales) y, pero aún, del crimen organizado, es una ingenuidad llena de perversidad, que no de ternura. Muchos lo ignoran o no lo quieren ver: la reforma podría profundizar el hecho de que los jueces, magistrados y ministros respondan (en muchos casos) a ciertos grupos de poder.
La reforma que el oficialismo quiere aprobar se estampará con la realidad más temprano que tarde. Cuando se vea que esto es un disparate, que no mejorará el tiempo en que se deciden los asuntos, que no evitará la corrupción en cuestiones judiciales o que colocará como jueces de distrito a más incompetentes de los que seguramente ahora hay, entonces se inventará un nuevo enemigo: uno que permita justificar por qué esta reforma no funciona ni funcionará. Pero desde ahora se puede anticipar: esta reforma no es la adecuada porque no ataca los problemas; en todo caso, los profundiza.
Cómo colofón, un circo patético: algunos ministros de la Corte rogando por la no aprobación de la reforma, y otros apoyándola abiertamente, porque quieren conservar su lugar en el tribunal supremo del país. No solo los senadores y diputados oficialistas dan tumbos. El espectáculo es general.
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