¿Esta reforma judicial soluciona los problemas que aquejan al Poder Judicial? ¿Ayuda a aminorarlos?
Tanto a nivel local como a nivel federal, en muchos casos el nombramiento de jueces y magistrados resulta ser una designación política. Pero también es cierto que en muchos otros casos eso no resulta cierto.
En cualquier caso, la designación hecha a través de voto popular no ataca de fondo los problemas de corrupción, nepotismo y exceso de casos por resolver que aquejan al Poder Judicial. El nombramiento solo atiende a un primer problema: ¿quién y por qué accede a decidir casos?
Tendremos nuevos jueces, magistrados y ministros que tendrán su legitimidad en el voto de los ciudadanos, lo que de ninguna manera quiere decir dos cosas: 1) que su popularidad (con que ganarán su puesto) conlleve la capacidad para realizar su labor de manera correcta; y, 2) que, una vez nombrados, no sucumban ante los embates de la corrupción a que están expuestos jueces y magistrados debido a su labor. Por ejemplo, la experiencia muestra que en distintos países eso se logra a partir del fortalecimiento de su independencia, de la garantía de inamovilidad y de controles estrictos sobre su patrimonio y el de sus allegados. El nombramiento es solo una parte (importante, pero pequeña) de la corrupción en sede judicial.
El problema no es menor para el partido que ostenta la mayoría suficiente para cambiar la constitución y transformar el Poder Judicial, porque ahora no hay obstáculo alguno que impida reformar de manera categórica el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados. Esto quiere decir que la reforma tendría que atacar de fondo los problemas principales por los que los jueces y magistrados no administran justicia de manera pronta expedita e imparcial. El único aspecto de la reforma que parece atacar esos aspectos es el que propone la separación del Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte, pero aún está por verse a quién se entrega el control del órgano administrativo del Poder Judicial .
Para el partido en el poder existe el dilema entre hacer la reforma que satisfaga la sed de venganza que algunos claman o realizar la reforma judicial que requiere una sociedad y un país que aspira a ser más democrático a partir de la observancia de sus normas y la independencia de sus jueces. Esto no niega los problemas que aquejan al Poder Judicial, solo que los mecanismos a través de los cuales podrían atacarse esos problemas están ausentes en la reforma que el partido en el poder pretende aprobar.
Si el nombramiento de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular soluciona de fondo alguno de los cánceres del Poder Judicial, estaríamos en presencia de un modelo único en el mundo donde no son el presupuesto, los mecanismos internos de revisión de las decisiones de los jueces (su congruencia) y la equidad de las partes del juicio, los que logran procesos más cercanos a la idea de justicia de una sociedad que demanda juicios más rápidos y apegados a derecho.
El resultado de la reforma dependerá del grupo en el poder que se imponga a partir de septiembre, y que mire al Poder Judicial, y en específico a la Suprema Corte de Justicia, como un instrumento a partir del cual los ciudadanos hacen valer sus derechos, o bien como un estorbo ante las políticas públicas que plantea el gobierno.
Mirar el gobierno como el gran beneficiario de la reforma, suprimiendo al Poder Judicial que a veces funciona como obstáculo, o mirar al ciudadano como el centro a partir del cual se configure el cambio constitucional que requiere el Poder Judicial, tanto a nivel federal como local, resulta ser la clave para sopesar el carácter democrático de la reforma. Esta reforma necesaria está lejos de alcanzar consensos, porque la propuesta del grupo en el poder entiende al Poder Judicial como obstáculo a las políticas del gobierno. Si esta última es la visión de quienes se impongan para reformar la constitución, muy probablemente se aprobará una reforma regresiva.
Parafraseando a Tony Judt, el grupo en el poder puede perderse en la transformación mientras cree transformar al país. Puede terminar elaborando un papel maltrecho cuando tiene la enorme oportunidad de transformar al Poder Judicial democráticamente. Debe empezar por entender que eso va más allá de nombrar jueces y magistrados mediante voto popular. Que eso puede saciar la sed de venganza de algunos, pero que está lejos de ser la reforma adecuada y necesaria para democratizar al Poder Judicial.
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