Lo que vemos en Nuevo León es una disputa por el poder. Es parte de un juego de ajedrez por la presidencia del país, donde el peón naranja es sacrificado, pues no se consideró conveniente que descuidara el flanco de la gubernatura para quitarle votos a la candidata opositora, arropada por el PRIAN. Si debía dejar la gubernatura y que se nombrara un gobernador interino, debía hacerlo imponiendo autoritariamente a uno de los suyos, no entregándole el estado a la oposición.
Se trata de un ejercicio peligroso. La ambición del peón naranja y el ninguneo de las instituciones dieron como resultado un coctel que metió al Estado mexicano en una crisis de ingobernabilidad. El riesgo vino por partida doble: primero, porque había un desacato a un nombramiento del Congreso del Estado, y Samuel García asumió que él -como personificación del pueblo- era quien debía nombrar a ese “encargado de despacho”. Por otro lado, García desobedecía abiertamente al Poder Judicial Federal, al asegurar que el interino debía ser parte de su grupo político porque lo había ordenado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mentira tras mentira: el tribunal sostuvo que el Congreso de Nuevo León debía nombrar al interino (como claramente lo mandata la constitución neoleonesa) y buscar consensos, pero de ninguna manera sostuvo lo que tanto divulgó García. Mentía porque así podía despreciar el nombramiento del Congreso y, al mismo tiempo, su acción desafiaba al máximo tribunal del país en materia electoral. Como guinda, policías antimotines en el palacio de gobierno de Nuevo León. Un escenario digno de un Golpe de Estado
Algunos medios y opinadores abordaron el problema como una falta de acuerdo entre dos grupos políticos que buscaban imponerse. Sin embargo, en la forma de abordarlo existe un inconveniente aún mayor: se olvida que a una de las partes le asistía la razón y a la otra no. No solo eso: al no asistirle la razón, ponía en riesgo la gobernabilidad del Estado. ¿Qué hubiese sucedido si el Congreso de Nuevo León hubiese declinado su facultad de nombrar un gobernador interino? ¿Qué hubiese sucedido si por acuerdo de ambas partes se hubiese permitido que Samuel García nombrase al gobernador interino? La respuesta es única, independientemente del escenario: se hubiese roto el sistema constitucional. Tanto García como sus opositores estarían infringiendo una norma constitucional y estarían imponiendo su voluntad.
Una buena parte de la población considera que problemas de este tipo (de rompimiento del orden constitucional) se pueden arreglar con un acuerdo entre los involucrados, y tal vez esta idea sea lo más preocupante. El Estado de derecho importa poco en este país. La constitución recoge un pacto que no solo concierne a los involucrados, sino a todos los mexicanos. En otras palabras, para cambiar u obviar lo que ahí se ordena, tendría que reformarse esa constitución. La voluntad coyuntural de dos grupos políticos no puede llevar a su incumplimiento, menos aún cuando un tribunal como el electoral ya había definido de manera clara qué era lo procedente.
Esto no quiere decir que no se requiera diálogo, pero ni el PRIAN, ni García -apoyado por el presidente y Morena- tenían ganas de negociar la salida del gobernador de Nuevo León, porque precisamente su participación trastoca el tablero de ajedrez de la sucesión presidencial. No quedaba más que la ley, porque ante los autoritarios el último resquicio terminan siendo las leyes y los tribunales.
Dos dudas se quedan sin resolver después de este mal chiste que ha resultado ser la telenovela que protagoniza el gobernador de Nuevo León ¿Por qué no poder dejar la gubernatura durante seis meses, si en caso de perder tenía la opción de regresar y continuar su mandato? y ¿Por qué la insistencia presidencial y de Morena en la participación de García? Lo primero tiene un tufo a corrupción y desvío de recursos. Al perder la gubernatura, perdía la operación electoral en un estado clave. Lo segundo tiene una sola lectura: con Samuel García en la contienda, el resultado de la elección presidencial podría variar y, tal vez, consumar una supermayoría de Morena y Movimiento Ciudadano en las elecciones de 2024. En otras palabras, el partido oficialista y Movimiento Ciudadano van de la mano en esta elección e irán juntos (en el Congreso) después del 2 de junio de 2024.
Una vez caído el telón que finaliza la puesta en escena poco democrática de “la candidatura que no fue” de Samuel García, lo más preocupante sigue siendo nuestra visión de que la ley (la constitución de Nuevo León, verbigracia) y las decisiones de los tribunales (el Tribunal Electoral, en este caso) se pueden pasar por alto. Menos mal que fue una decisión de la Suprema Corte la que terminó poniendo orden en el zafarrancho. Pero estamos a unos pasos de que también se ponga en duda las resoluciones de la Corte. Los actores políticos están estirando demasiado la liga de la tolerancia. Estamos a nada de caer en abismos autoritarios. De esos en los que se sabe cuándo se entra pero no cuándo se sale.
Fotos: Instagram samuelgarcias / Facebook Mariana Rodríguez
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